Al igual que usted o que yo, amable lector, doña Sofía de Grecia es muy libre en sus
opiniones en torno a lo humano y lo divino. Ahora bien, como con acierto
señala Fernández Campo, antes de pronunciarse en público acerca de la legislación vigente, debería pensárselo un poquito siquiera. Por mucho que, según Pilar Urbano, la Leti la haya arrimado a la calle (seguro que las entrevistas se las ha hecho en la cola del Mercadona), esta señora no deja de ser la consorte del Jefe del Estado, lo es veinticuatro horas al día y trescientos sesenta y cinco días al año, y como tal debe observar un respeto exquisito por las decisiones de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial. Si las Cortes han votado que se denominará
matrimonio a la unión entre personas del mismo sexo, a quien corresponde dictaminar sobre esta cuestión es al Tribunal Constitucional, y no a la Jefatura del Estado ni a sus aledaños.

Claro que doña Sofía no ha definido la postura oficial de la institución en sus charlitas de café con la Urbano, sino la suya personal, muy respetable, sin duda. Pero, repito, se trata de la consorte del jefe del Estado en el ejercicio de su cargo, de modo que cualesquiera opiniones personales adquieren una trascendencia que habría de tornarla más prudente.
El fondo de la cuestión me es indiferente; sin embargo, aprovecho haber traído a colación el matrimonio homosexual para manifestarme yo mismo a este respecto. Afirma doña Sofía que si las parejas de homosexuales "quieren vivir juntas, vestirse de novios, casarse, pueden estar en su derecho, o no según las leyes de su país; pero que a eso no lo llamen matrimonio, porque no lo es"; y yo estoy casi por entero de acuerdo con ella.
Disiento de que las personas tengan derecho o no, según la legalidad de su país, a convivir con quien y como prefieran, o a vestirse de lo que les dé la gana. Eso, a mi entender, cae dentro de la legítima libertad del individuo, y un Estado que se meta a legislar sobre tales cuestiones no hace sino invadir la vida privada con los grilletes en la mano y el cuchillo entre los dientes.
Que tengan derecho a casarse con quien quieran ya es más discutible. Para comenzar, habría que definir con exactitud qué entendemos por matrimonio. Si se considera en exclusiva como la unión del hombre y la mujer, es evidente que no hay lugar a variaciones; y así ha sido en Occidente a lo largo de miles de años de historia. No obstante, ¿de qué género de unión entre el hombre y la mujer se trata? ¿De la misma unión que se requiere para abrir una charcutería o un taller de mecánica del automóvil? Claro está que debe de reunir características especiales y propias. Pero ¿cuáles son éstas?
Preguntado yo, diría que el objeto primordial del matrimonio es el de brindar cobertura jurídica a la común descendencia. Y eso no guarda mucha relación con la unión entre homosexuales. Podría argüirse que hay matrimonios sin descendencia, y eso no los vuelve nulos; ¿cuál es el rasgo que define a éstos, pues? ¿La voluntad, siquiera, de formar una familia? Pero ¿acaso tal voluntad es un requisito para casarse? ¿Hay que depositar alguna fianza para garantizar que se materialice en el porvenir? Quizá no exista de principio, o se vea frustrada de antemano por causas fisiológicas. ¿La comunidad de bienes? Igual de legítimo es el matrimonio en régimen de separación de bienes. ¿La cohabitación? ¿Y si no la hay? Sea como sea, toda esta argumentación no deja de ser un tanto sofística, por alegar excepciones cada vez más insólitas para refutar el principio general. Si nunca antes se había suscitado el debate acerca de la naturaleza del matrimonio, es porque cabían pocas dudas sobre el particular. Y hoy mismo, al oír la palabra
matrimonio, cada uno sabe qué le viene a la mente.
Se alega que el matrimonio discrimina a las llamadas parejas de hecho en cuanto a sucesión y a percepción de pensiones de viudedad; y esto pretenden arreglarlo con la extensión del matrimonio a toda pareja que lo desee. A mí, personalmente, no se me hubiese ocurrido abordar el problema de ese modo; antes bien, exijo la libertad de legar la totalidad de mis bienes a quien me parezca oportuno, pues las limitaciones prescritas por la ley son cortapisas al derecho de propiedad; y reclamo la derogación del sistema público de pensiones, y que, en lugar de confiscarme por mi pretenso bien, se me permita destinar mi dinero a cuanto me plazca; por ejemplo, a un seguro privado donde yo, y no el Estado, elija a los beneficiarios.

Con todo y con eso, si hay quienes, sin poder contraer matrimonio, desean poner su relación sentimental un poco al abrigo de la legalidad, facilíteseles una solución. Mas me cuento entre quienes se oponen a que se la apellide
matrimonio, puesto que sienta un peligroso precedente de que el Estado llame, a lo negro, blanco; a lo blanco, negro; y, a lo que sea, como se le antoje. He ahí uno de los más socorridos expedientes del poder totalitario; como sentenció otra reina, la de Corazones de Disney: "Las palabras significan lo que yo digo que significan."